Escuela de todos

Más allá de su evidente infracción de la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional sobre oficialidad de las lenguas y presencia de éstas en la educación, supone la consagración de la exclusión del español, consecuencia de la declarada hispanofobia del nacionalismo, que pretende convertir en impropia la lengua materna de la mayoría de los catalanes, la que es oficial, junto con el catalán y el aranés en Cataluña y la que nos une con el conjunto de los españoles y con la comunidad mundial de hispanohablantes.

El Decreto abandona ya los disimulos. El nacionalismo ahora ya hace expreso que la única lengua oficial del sistema educativo es el catalán (artículo 16) y que el castellano es una lengua que se aprende, pero que no es lengua de la institución.

Ninguna política de pretendida normalización o de promoción de la lengua puede llevar a esta inconstitucional exclusión de la oficialidad del castellano como lengua educativa; una exclusión que responde a un claro propósito político, la pretensión nacionalista de fabricar una sociedad en la que la única lengua de cohesión sea el catalán (artículo 11).

La obsesión por la exclusión del castellano lleva a que se haga explícito a nivel normativo que todas las actividades del centro, incluidas las reuniones que realice el personal del mismo, tendrán que realizarse en catalán, así como en las relaciones con las familias y con personas externas del centro (artículos 4 y 6). La rotulación ha de ser exclusivamente en catalán, en aranés (en Arán) y en la lengua de signos catalana. No podrá ser en la lengua materna de más de la mitad de los catalanes.

También se extiende a las empresas externas que realicen actividades en el centro la obligación de utilización del catalán. Esa obligación de utilización exclusiva del catalán supone la efectiva prohibición de la utilización del castellano también por parte de quienes desarrollen actividades o trabajos en los centros educativos.

Esta imposición del catalán va acompañada de medidas de exclusión lingüística, como son los requisitos de conocimiento de la lengua catalana no solamente por docentes (que deberán acreditar el nivel C2 de catalán, superior al que ahora se exige) sino también al personal que trabaje en los centros educativos. La lengua como herramienta de exclusión y con el objetivo de levantar barreras lingüísticas que dificulten la movilidad de trabajadores y familias.

Además, se pone fin de iure a la autonomía de los centros; pues los proyectos lingüísticos pasan a ser responsabilidad legal del Departamento de Educación (artículo 21). Además, se establece que el incumplimiento del proyecto lingüístico (esto es, del uso obligatorio del catalán o, lo que es lo mismo, la exclusión del castellano como lengua vehicular) será sancionado en el caso de las personas dependientes del centro y tendrá consecuencias contractuales para el personal externo. Se advierte también de que el incumplimiento podrá implicar el fin de la autorización a los centros educativos.

Todo este aparato inquisitorial de fiscalización y sanción no opera en el vacío, sino que descansa en nuevos órganos que tendrán la función de vigilar que se cumpla la exclusión del castellano; en concreto, la comisión del proyecto lingüístico, que no solamente participa en la elaboración de éste, sino que vigilará su cumplimiento, así como la evolución de los usos lingüísticos del centro. La fiscalización de la lengua que utilizan los alumnos, las familias, el personal docente y quienes se relacionan con el centro pasará a ser objeto explícito de vigilancia.

Desde Escuela de Todos consideramos inadmisible que se presente siquiera un proyecto de decreto con este contenido excluyente, hispanófobo, contrario a principios básicos de convivencia e incompatible con derechos reconocidos constitucionalmente.

Es un proyecto de decreto que muestra el verdadero rostro del nacionalismo: imposición, sanción, barreras y exclusión y llevaremos a cabo todas las acciones que sean necesarias para oponernos al mismo.

Es necesario un pronunciamiento claro de las diferentes fuerzas políticas sobre este Decreto. Y aquí llamamos especialmente al pronunciamiento de los partidos que no se presentan como nacionalistas, pero que han sido clave en la última legislatura en la ayuda al nacionalismo para proseguir con su imposición lingüística. El rechazo a este Decreto tiene que ser amplio y contundente, no caben ambigüedades ante un texto como el que hemos conocido.

Recurriremos también a los mecanismos legales de los que dispongamos para oponernos a este Decreto, y conminamos a las fuerzas políticas que concurren a las elecciones generales a pronunciarse sobre las medidas que adoptaran para evitar la implementación de esta norma.

Apelamos también a la solidaridad y el apoyo de todos los españoles. La amputación del español en Cataluña, su exclusión como lengua de la escuela y de las instituciones nos afecta a todos, catalanes y no catalanes; así como las barreras lingüísticas que se imponen para evitar que continúe la comunicación fluida entre las distintas partes de España y también entre nosotros y nuestros hermanos hispanoamericanos. El proyecto nacionalista es división, y no solamente divide a los catalanes, sino también al conjunto de los españoles. Es preciso que el conjunto de la sociedad muestre su rechazo a las políticas de confrontación y apueste por la convivencia.

Nos dirigimos especialmente a los que aman la pluralidad lingüística y la diversidad de lenguas. En Escuela de Todos somos muchos los que amamos sinceramente la lengua catalana, o bien porque es materna nuestra o bien porque la utilizamos con normalidad y empatía. Lamentamos el daño que las políticas nacionalistas hacen a una lengua que es de todos y de la que se quieren apropiar los nacionalistas. Lucharemos también para que el rechazo a las políticas nacionalistas no se convierta en un rechazo a una lengua, la catalana, que también es nuestro patrimonio.

Desde Escuela de Todos no nos callaremos ante el intento de dividir y enfrentar a la sociedad utilizando las lenguas, no permaneceremos en silencio mientras el Gobierno de la Generalitat y quienes le apoyan intentan que una de las lenguas de los catalanes sea asumida como impropia