«155 Los días que estremecieron a Cataluña»

«Inmediatamente después de haberse aprobado la Ley del referéndum de autodeterminación (declarada posteriormente anticonstitucional por el TC), el Gobierno en pleno de la Generalidad de entonces firmó la convocatoria del referéndum para el 1 de octubre, pese a saber que el referéndum no podía tener lugar, tanto por el hecho de que al ser recurrido ante el TC la admisión a trámite del recurso tenía efectos suspensivos como porque eran perfectamente conscientes de que el referéndum no contaba con los requisitos, formales y materiales, exigibles desde el Derecho internacional e interno, para ser considerado válido y legítimo.

Tenían tanta fe en la cosa que hasta anticiparon los resultados y prepararon concienzudamente la escenografía de lo que querían representar ante la opinión pública, sobre todo, internacional. Junqueras afirmó días antes que “el 80 por ciento dirá ‘sí’”. Incluso adelantó cifras más que concluyentes: Participación: 60 %. Votos afirmativos: 80%. Votos negativos: 20%. Lo que evidencia que les daba igual lo que sucediera. Para ellos, el “mandato democrático” recibido del Parlament, les legitimaba, sin ningún pudor, para lo que fuera y como fuera. Recuerdo las radios, la semana precedente, en la que anuncios grabados de manera teatralizada, incitaban a la población a que ayudaran a los abuelos a ir a votar, llevaran a los niños a las urnas, para que aprendieran qué es la democracia y practicaran lo que era “el voto de su vida”. Machaconamente repetidos en las emisoras “del régimen”, preparando lo que sería el desalojo de los centros de votación, sin que las autoridades españolas fueran conscientes de lo que les iba a caer (lo que no las deja en muy buen lugar, estratégicamente hablando) porque estaba claro que querían tener imágenes de policías “españoles” desalojando a niños y ancianos. Y claro, Romeva defendía adoptar la declaración unilateral de independencia en 48 horas si ganaba el “sí”…. Porque el pueblo habría hablado en forma inequívoca y habría resistido a la opresión franquista.

Ingenuamente, la mayor parte de la ciudadanía creyó la respuesta oficial del Gobierno español: “No se va a hacer el referéndum”, repetían, insistentemente, desde el Presidente Rajoy a los voceros de turno. La verdad es que todos recordábamos el 9-N y temíamos una repetición de la cosa, como así sucedió, pero en peor. Lástima de 155… si hubiera estado vigente se hubiera podido hacer frente a todo ello con mejores instrumentos. Ingenuamente, las organizaciones de la sociedad civil lanzamos la campaña “1 de octubre: nada que votar”.

Frente a la convocatoria escribí: “Más que nunca tenemos que ser firmes en la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Atropellando toda garantía de transparencia y de procedimiento, el rodillo parlamentario secesionista ha aprobado la Ley del referéndum de autodeterminación y, además, lo ha convocado. Todo ello contra la propia esencia del ordenamiento jurídico propio de una democracia y expresamente contra la prohibición del Tribunal Constitucional. Es, ciertamente, un día triste, pero creo que la evidencia del cretinismo jurídico y político que han demostrado los políticos secesionistas se les va a girar en contra. Se han «evidenciado» demasiado en sus modos totalitarios, anunciados desde hace tiempo y que han culminado con este atropello golpista. Esperamos que desde las autoridades competentes se tomen todas las medidas que conduzcan a que quienes infringen la ley y yugulan a la democracia reciban su merecido. Son ellas quienes, de acuerdo con las fuerzas políticas democráticas tienen que apreciar cuáles, de entre las legalmente posibles, son las más adecuadas y oportunas a la vista de los hechos que se vayan produciendo. Más que nunca debemos expresar nuestro rechazo a este referéndum, a este golpe a la democracia. El 1 de octubre, nada que votar.”

Lo hice porque el voto, votar, no es suficiente para que hablemos de democracia, ya que toda votación se tiene que producir dentro de un procedimiento legal y con garantías democráticas conforme a estándares internacionales. En Europa, todas las elecciones y referendos se rigen por unos requisitos que marcan fundamentalmente la OSCE y la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa. La Comisión de Venecia tiene un “Código de buenas prácticas para referendos” que exige y describe las garantías democráticas: que haya una junta electoral plural; que los gobiernos convocantes permanezcan imparciales y no hagan propaganda, y que la ley del referéndum se apruebe y no se modifique como mínimo desde el año anterior a su celebración. La Junta electoral, llamada Comisión de Garantías electorales y creada por La Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República se aprobó en el Parlamento catalán el 7 de septiembre, apenas cuatro semanas antes de la fecha de celebración del referéndum; estaba íntegramente nombrada, a su imagen y semejanza, por la mayoría secesionista del Parlament. La imparcialidad del Gobierno, ni estuvo ni se la esperaba, pues su único objetivo estaba donde estaba. Ninguna de esas condiciones se daban y, además, el referéndum estaba suspendido por el Tribunal Constitucional. El Secretario de la Comisión de Venecia hizo unas afirmaciones públicas señalando que no se cumplían los requisitos. Y ante la petición de “mediación” que se hizo a la Comisión Europea (las organizaciones secesionistas, la propia Alcaldesa de Barcelona), para que ésta presionara al Gobierno español para que permitiera el referéndum, la Comisión respondió oficialmente que “Nosotros respetamos el orden jurídico constitucional de España”. No deja de ser curioso que la alcaldesa quisiera forzar la opinión de una institución que, repetidamente, había dicho que ese asunto (el referéndum, la independencia) no era de su competencia. Sus asesores tienen que ponerla al día…

Pero el Govern, lejos de permanecer neutral, forzó todo lo habido y por haber, incluso con amenazas, declarando que era obligatorio participar en las mesas electorales, bajo la presión de la posible sanción que pudiera recaer cuando hubiera negativas a hacerlo. La cobardía de la administración secesionista es palmaria. Pide que los directores, que son los legalmente responsables, les entreguen las llaves de los centros. Pero lo hacen oralmente. No se atreven a ponerlo por escrito y se escabullen cuando alguien, algún valiente, así lo reclama. Nadie está obligado a colaborar en una actividad ilegal. Todo lo contrario. Estamos obligados a no participar en ello, ni siquiera como cooperadores involuntarios. Que sean los sediciosos los que vean cómo cae sobre ellos el peso de la ley.

El propio Puigdemont, el entonces “Cap del Govern”, divulgó en Twitter donde tenía que votar cada catalán. Afirmó públicamente tener distintos “planes de contingencia para garantizar el 1-O”. Organizó una web que, cuando se la cerraron por orden judicial, la realojó en otro dominio y volvió a difundirlo. Además, recordemos, al final se inventaron un “censo universal”, no repartido por colegios electorales, tras la apropiación indebida de los datos usando ilegalmente el censo del Instituto Nacional de Estadística (la Agencia de Protección de Datos tiene en investigación este asunto que puede derivar en una sanción de 600.000 euros, aunque, en asuntos de dinero, les da todo igual….).

Fieles a la teoría de “engañar al Estado”, la Generalitat montó la web del 1-O y la cedió a Òmnium para tratar de sortear al Tribunal Constitucional. Está claro que unos deciden y otros ejecutan. Se asesoran con “expertos” de otros países, casualmente negacionistas del holocausto y con los que también han sido el soporte mediático de etarras y compañía. No hay más que ver quiénes son sus aliados en Europa: los mini-partidos xenófobos antieuropeistas. No hay más que ver el contenido de la propaganda difundida para incitar al voto. Pasa de meliflua a espeluznante sin solución de continuidad.

Y mientras tanto, mientras se sucedían declaraciones de todo tipo, se inició la “cacería de la urna”. Había que encontrar las urnas, esas urnas que todavía hoy no se sabe de dónde salieron ni como llegaron a los centros de votación. Si se vota hay que colocar el voto en algún sitio. El Gobierno español aseguró que no se iba a votar. El Gobierno catalán escondió las urnas, siguiendo la indicación “Masiana” de que se tenía que “engañar al Estado”. Y se abrieron todo tipo de especulaciones, por todas partes. Que si estaban en un barco en alta mar. Que si los miembros de ANC y Òmnium las tenían escondidas en sus casas. Que si en una nave industrial en no se sabe cuántos polígonos, que podrían haber estado enterradas en la playa… Esas urnas no homologadas, que cualquier democracia normal hubiera rechazado por opacas, que hubo personas que se las llevaron a su casa llenas de votos ¡para contarlos!, que se vio cómo muchas de ellas eran introducidas después de su uso en coches de Mossos d’Esquadra y que no sabe a dónde se las llevaban… 

Assange, desde su refugio en la embajada de Ecuador en Londres, ofrecía 20.000 euros a quien desvelara el operativo policial que se estaba preparando para impedir la votación, ese operativo que el Ministro del Interior, Zoido, ha explicado que costó 68 millones de euros. Y añadía, el prófugo asilado en la embajada de Ecuador en Londres, que “la primera guerra mundial de Internet” se libraría en Cataluña. ¿Estaba Assange ayudando a construir las webs electrónicas sobre el censo o sobre los colegios electorales? Es una incógnita, pero se ha descubierto que Protección de Datos de la Generalitat ocultó el censo del 1-O mediante el método WikiLeaks, lo cual es significativo. También que Assange ayudó a mantener abierta la web del referéndum difundiendo su código para que pudiera replicarse. Pelillos a la mar… puesto que Assange incitó a participar en el referéndum mediante sus redes sociales, directas e indirectas, asegurando que si todos los catalanes iban a votar ello superaría la capacidad de acción de la policía española. Sólo ha faltado el descubrimiento de que quien intervino, dando apoyo jurídico y político, para que Assange consiguiera el asilo político en la embajada de Ecuador en el Reino Unido, es un diputado de Podemos. Saquen Vds. conjeturas, pongan al Sr. Roures de comendador en la cena de Barcelona el día de la manifestación contra el terrorismo, vean lo que se difunde en los medios de comunicación que controlan entre ellos y pueden obtener un espléndido coctel, de guarapita venezolana por ejemplo. 

No es extraña la conexión Assange. Su participación en todo este tinglado ha estado orquestada a través de Dana Rohrabacher, congresista americano, amigo [bilateral] de Trump y Putin, con quien me entrevisté, a petición de las autoridades españolas, en Barcelona. Hablé con el congresista cuando vino a España a “enterarse” de qué sucedía en Cataluña y la armó gorda por la juerga que se corrió durante la noche con sus amigos de la Generalitat y que le hizo perder el avión para entrevistarse con el Gobierno español en Madrid…. Friki el personaje. Enterado estaba, aunque había cosas que no las acababa de ver claras, especialmente porque era consciente de la ilegalidad manifiesta de la consulta que la Generalitat pretendía. Tuve la impresión de que le importaba todo un comino. Todo lo que no fueran sus propios intereses.

En paralelo a todo esto, las organizaciones secesionistas, que ya se habían entrenado “en provincias”, llamaron a bloquear con vehículos pesados a los policías que estaban alojados en los buques-crucero del puerto y otros lugares, para que no pudieran llegar a los colegios si eran requeridos para ello. Tractorada al canto. Me explicaron el entrenamiento en Lleida, ciudad dividida en dos por el río Segre, donde para ir de un lado a otro de la ciudad, había que hacer una circunvalación de kilómetros buscando una “entrada” libre de obstáculos. Orgullosos de sus “hazañas” y proclamando a los cuatro vientos su apego “a la tierra”, agricultores que no son conscientes de que únicamente con la pertenencia a España y a la UE sacan adelante sus productos, pretenden impedir que la ciudadanía no secesionista pueda ejercer libremente sus derechos. Porque la ciudadanía no secesionista está en su derecho de que la protejan frente a los ilícitos que quieren consolidar los golpistas. 

Todos ellos, los golpistas, apoyados incluso por colectivos de abogados y juristas de variado pelaje que se comportan, retorciendo el ordenamiento, como si fueran médicos dirigidos a minar la salud de sus pacientes. Se organizan, firman manifiestos, incitan a la desobediencia y prometen apoyo jurídico: “Si la policía te detiene, no hables. Llámanos” reza su propaganda. Juristas perjuros, que no respetan el art. 19 de los Estatutos del Colegio de Abogados, cuando dispone que “las abogadas y abogados, al inicio del ejercicio profesional, prestarán juramento o promesa de acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, así como a la normativa profesional y deontológica”. Pero como están apoyados desde una Junta directiva que tampoco es trigo limpio, que pretende “pactar” una solución “política” al margen de la ley, sin que se perciba pestañeo alguno en ellos, a pesar de que las entidades internacionales repitieron en varias ocasiones que los colegios de abogados no podían situarse por encima de la ley.

Porque, efectivamente, nadie puede situarse por encima de la ley. Ni por encima de la democracia. Los principios del Estado de Derecho y de la democracia son inescindibles. Ya en 1948, en el Congreso de La Haya, primer hito fundacional de lo que hoy es la Unión Europea, se declaró que Europa quedaba vinculada al Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Que no había democracia sin ley ni derechos humanos sin democracia. Por lo que mal puede defenderse, como intentan estos juristas desconocedores de las instituciones jurídicas, que la democracia esté por encima de la ley. 

En el texto constitucional español se positivizan los valores superiores del ordenamiento jurídico: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Al mismo tiempo se desprenden de la Constitución una serie de principios, tales como, por ejemplo, los principios democrático, social, autonómico, parlamentario, de legalidad, etc.

El texto constitucional español contiene normas jurídicas que pueden adoptar la forma de valores, principios y reglas. Los valores enumeran cláusulas generales o finalidades. Las reglas contienen disposiciones específicas. Valores y reglas están positivados, es decir, constan de forma explícita y concreta y pueden claramente apreciarse a través de una simple interpretación lingüística. Los principios se extraen de las reglas constitucionales, y, una vez determinados, tienen proyección normativa; consisten, pues, en fórmulas de derecho fuertemente consensuadas que albergan en su seno gérmenes de reglas jurídicas; lo que equivale a afirmar que los principios no siempre constan explícitamente en el texto constitucional (salvo excepciones como la del principio de legalidad), pero que pueden fácilmente deducirse del mismo a través de una interpretación estructural y sistemática.

Algunos de los principios están positivados en la Constitución (el de legalidad, por ejemplo); otros no están formulados expresamente, sino que han de deducirse en una interpretación operativa a partir de las reglas constitucionales (como, por ejemplo, el principio democrático, que se extrae de la estructura constitucional), que deberán ser concretadas a partir de los principios deducidos. Por poner un ejemplo, podemos señalar que el principio democrático se infiere de la estructura general constitucional precisada en las reglas reguladoras de la organización de los órganos públicos y de la participación de los ciudadanos en la vida política, social y económica, estando además en la base de la afirmación del artículo 1.1 CE cuando éste declara que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. 

Hay que tener en cuenta que ni entre principios por un lado ni entre valores superiores por otro podemos establecer un orden jerárquico interno, ya que la Constitución no lo determina. Lo que sí determina la Constitución es una jerarquía entre los valores superiores y los principios, ya que al configurar a los primeros como superiores de todo el ordenamiento jurídico deben ser el fundamento de todos los principios y reglas jurídicas. A la inversa, podemos afirmar que los principios tienen una relación de complementariedad con respecto a los valores superiores, puesto que ambos son determinantes para la concreción de las reglas. No es, pues, el principio democrático, superior al Estado de Derecho, puesto que le presupone y, por lo tanto, se ejerce dentro del mismo. Y todos los poderes públicos y los particulares estamos sujetos a ello, como simples ciudadanos o como titulares de funciones políticas o administrativas.

¿Vieron Vds. el vídeo Help Catalonia? ¿Y el reportaje sobre el 1 de octubre emitido por TV 3? ¿Vieron cómo fueron “salvajemente agredidos” niños y ancianos? ¿Vieron a las masas clamando por la libertad? ¿Vieron las desgarradoras imágenes de los de más de mil heridos? Pues vieron muchas cosas sucedidas años antes, cuando los desalojos policiales de manifestantes del 15 M y hasta del Maidán de Kiev. Fue la misma empresa que realizó los vídeos sobre la “revolución” en Ucrania la que prestó sus servicios a nuestros golpistas. Y como había elementos “reciclables”, pues a usarlos. Así la ganancia de la promotora era mayor: la misma imagen podía ser multi usada. Y así, la alcaldesa de Barcelona podía también asegurar que las mujeres eran “vejadas” por la policía y que la brutalidad policial había originado miles de heridos. ¿Fue alguna vez a alguna manifestación de verdad esa señora? No me refiero a las que orquestaba con su ONG para hacer ver que eran desalojados y poder “negociar” lo que fuera en mejores condiciones. Me refiero a manifestaciones en las que quien va sabe que asume riesgos, como hacíamos durante el franquismo y la primera época de la transición. Claro, no, es demasiado joven para ello. Y demasiado mayor para hacerse la tonta de ese modo. Lo cierto es que, entre los “miles de heridos” no consta que hubiera ningún consejero, o diputado en Madrid o en Barcelona, o miembro de los consejos asesores de todo tipo que fuera víctima de la represión policial ejercida en los centros escolares contra las familias, los niños, los ancianos, etc. Lo afirmo porque, de haberlo habido, nos lo hubieran mostrado en los medios de comunicación hasta la saciedad.

Igual que otra “alma cándida”, por calificarla de algún modo “cariñoso”, la Sra. Rovira, líder de Esquerra Republicana, sector Vic (que es importante y da pedigrí, aunque no tanto como el sector Girona y cercanías). Sus palabras, acerca de que las autoridades españolas amenazaron con “muertos en la calle” si el referéndum tenía lugar, tuvieron que ser desmentidas por el Síndic de Greuges y el propio Arzobispo de Barcelona, personalidades a las que la Sra. Rovira pretendía involucrar en su modus operandi. Afirmaciones falsas de tal calibre, en cualquier país democrático, inhabilitan a quienes las realizan. Da la impresión de que estuvieran buscando una especie de “Domingo sangriento”, al estilo del Ulster. Mentiras como estas, en temas tan graves, e involucrando a otras personas que no tienen más remedio que desmentirlas, tienen que generar responsabilidad política. Quizás ello le sirva, a la autora de tales calumnias, para «jugar a nacioncitas» en su territorio, pero no para ocupar ningún cargo público. En otros países estaría ya fuera de juego, porque esto último es ya de un calibre demasiado grueso. Por lo que hemos ido sabiendo, quienes tenían ilegales deseos de implantar un ejército, auspiciando un «Maidán» a la catalana, eran, precisamente ellos, los secesionistas. Incluso tenían previsto que estuviera formado por 22.000 unidades, integrando, cómo no, en su imaginario colectivo, a los 17.000 Mossos de Esquadra. Facilones ellos…